Esta “desmemoria” en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista, la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella, los movimientos de recuperación de la memoria histórica y nuestra deuda y vinculación democrática con la II República, pues no aparecen en el currículo escolar ni en los libros de texto y materiales escolares.
En este memoricidio la falsa memoria del franquismo no se ha visto contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos. De esta forma la memoria republicana ha sido excluida del imaginario colectivo, quedando su memoria proscrita al ámbito individual o de las asociaciones y familiares. Mientras que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre el de la “superación” del pasado.
Por eso, debemos evitar que la nueva Ley de Memoria Democrática acabe como la mayoría de las leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas. Aunque establecen en todas introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículum escolar, lo cierto es que, en muchas de ellas, no ha pasado realmente de las intenciones o las declaraciones y en otras, con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias, se ha cercenado radicalmente las tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha. Para muestra un botón: VOX en CyL.
Y también debemos evitar que se reduzcan los contenidos de la memoria histórica y democrática a la “historia de la democracia y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española”, como establece la nueva ley educativa LOMLOE en su disposición adicional cuadragésima primera. Es increíble que la LOMLOE establezca expresamente que todo el alumnado debe conocer y estudiar el holocausto judío, pero no el español, como le denominó P. Preston. Utilizando esos términos genéricos sobre historia de la democracia o valores democráticos de la Constitución que ocultan más que explicar lo que parece no querer decirse de forma clara y nítida.
Por eso hemos promovido el «MANIFIESTO POR LA INCLUSIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DEMOCRÁTICA EN EL CURRICULUM ESCOLAR» https://www.change.org/memoriaeduca que lleva recogidas más de 34.600 firmas, para evitar la desmemoria en los nuevos decretos de Educación Secundaria y Bachillerato que eliminan en la práctica la memoria histórica y democrática.
Por eso hemos publicado un ejemplo claro de cómo hacerlo. El libro titulado La historia silenciada: Unidades Didácticas para la Recuperación de la Memoria Histórica, que elaboramos un equipo de expertos de la Universidad de León, y que será publicado en marzo de 2022 por la Editorial Plaza y Valdés plasma en formato escolar cómo se debería llevar a las aulas y los libros de texto escolares.
Por eso hemos promovido una PNL presentada en febrero por UP y que ha sido aprobada en el Parlamento con el apoyo del PSOE, pero no parece obligar al Ministerio. Solo las CCAA que quieran lo podrán hacer. Las CCAA que no quieran podrán seguir con la desmemoria, manteniendo el memoricidio actual.
Nos hemos dado cuenta que no hay voluntad política real para incluir la memoria histórica y democrática en el currículum actualmente.
En la reunión que hemos tenido con el Ministerio de Educación, les manifestamos nuestra preocupación porque en el actual borrador del Real Decreto de ESO aparece como saber básico (en los cursos 3º y 4º): “El Holocausto judío”, pero en las 375 páginas restantes nada del “holocausto español”. No se alude, ni siquiera se nombra la dictadura, el franquismo, la represión, los maquis, la lucha antifranquista, el movimiento de recuperación de la memoria histórica… Es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la nueva Educación Secundaria Obligatoria. En el de 2º de Bachillerato de Historia de España solo se utiliza el término “dictadura” haciendo referencia a la Transición y la Constitución de 1978 (Identificación de los retos, logros y dificultades del fin de la dictadura y el establecimiento de la democracia) y en unas lecturas guiadas de obras relevantes de la literatura española de los siglos XX y XXI sobre guerra civil, exilio y dictadura. No aparece ninguna alusión a la represión de la dictadura ni a la lucha antifranquista, etc… Es decir, se mantiene el memoricidio, herencia del nacionalcatolicismo y se consagra la desmemoria en la escuela.
Excusas que alegó el Ministerio de Educación mostrando su falta de voluntad política:
- Que el Ministerio no es responsable del porcentaje que corresponde a las comunidades autónomas, como si en el porcentaje del Ministerio no pudiera entrar en los saberes básicos que se establecen en las enseñanzas mínimas, lo cual sería la única forma de establecer unos mínimos comunes que asegurasen su presencia en el currículum escolar en todas las comunidades autónomas;
- Que otros colectivos también reivindicaban lo suyo, como si esto no fuera lo de todos y la base de la democracia que disfrutamos, además de un mandato con rango de Ley en la nueva Ley de Memoria Democrática de su propio gobierno;
- Que si ahora se ha transformado el currículum y se ha diseñado por competencias y saberes básicos, como si estos no lo fueran (hasta la ONU ha tirado de las orejas al gobierno español reiteradas veces -en el 2014 y 2020- sobre esto, exigiéndole que cumpla el derecho inalienable que tiene el pueblo español a conocer la verdad);
- Que si el profesorado tiene autonomía y son ellos los que deciden al final, como si esta autonomía no estuviera limitada realmente por los libros de texto, dado que en la práctica no se les facilita tiempo para poder elaborar o adaptar materiales curriculares ante un temario de historia sobresaturado hasta ahora “de Atapuerca a Aznar”;
- Que si el Ministerio no puede controlar lo que publica el «libre mercado editorial” de los libros de texto, como si las editoriales no se atuvieran a lo que señalara la administración educativa y no tuviera un servicio de alta inspección que tiene competencias para ello. O buscar la fórmula para que el oligopolio editorial de libros de texto asuma las decisiones democráticas sobre los contenidos reales sobre la memoria histórica democrática en nuestro país.
Queremos dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Al menos, imitar al resto de países donde en la escuela se garantizar el derecho al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920 y de los genocidios que éste ha cometido. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. Nos lo ha recordado la ONU reiteradamente: en 2014 y en 2020.
Si un solo alumno o una alumna acaba el período de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo. Necesitamos voluntad política para evitar la actual tragedia de la desmemoria educativa, del silenciamiento y ocultamiento del genocidio fascista en nuestro país.
No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Su único tratamiento es la verdad, la justicia y la reparación. El deber de memoria ha sido plasmado en el Derecho Internacional y en los Derechos Humanos.
Las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia: la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones tienen derecho a la verdad. Hemos de impedir que su nombre se borre de la historia, como decían las 13 rosas y quienes iban a ser fusilados. No sólo que no se borre, sino que pasen a ocupar un puesto protagonista de la historia futura en los contenidos escolares. Queremos que pasen de “rojos”, de “bandoleros” y “víctimas” a protagonistas de la historia. Tenemos que conseguir que los auténticos protagonistas de la Historia con mayúscula sean quienes lucharon por una sociedad más justa, más libre y mejor. Y estos, sin duda, han sido quienes dieron su vida por defender los valores y logros democráticos, de libertad, igualdad, justicia y solidaridad alcanzados por la II República.
Por eso, al igual que hay que educar en la inclusión, en los valores democráticos, en la interculturalidad y la igualdad, hay que educar también en el antifascismo. Sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista
