Según el texto íntegro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (pagina 14), las necesidades de inversión pública en España en los próximos tres años se estiman en un 6% del PIB al año, para alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE (La inversión pública en España se sitúa actualmente en el 2% del PIB, aproximadamente el 60% de la media de la OCDE y lejos de los países que más invierten, que llegan prácticamente al 6% de su PIB) El Plan contempla una inversión pública de hasta 140.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, capaces de movilizar importantes recursos privados y aumentar el crecimiento potencial de la economía española por encima del 2%.
Ese Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia añade en su página 15 que está en línea con el Borrador de Plan presupuestario 2021-2023 y se verá reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Los Presupuestos Generales del Estado para 2021 incorporarán un monto de 27.000 millones de euros con cargo a las transferencias previstas del presupuesto UE a través de los nuevos instrumentos de financiación y, en particular, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Recovery and Resilience Facility) y REACT-EU.
En su intervención, el presidente del Gobierno señaló que el objetivo de la Conferencia es coordinar el Fondo de Recuperación para "no dejar caer a familias, empresas y trabajadores, vivan donde vivan". Asimismo, ha anunciado que los Presupuestos Generales del Estado de 2021 -cuyo Anteproyecto será presentado mañana para su aprobación por el Consejo de Ministros- incluirán un adelanto de 27.000 millones de euros correspondientes a dicho Fondo.
De esta manera, el Gobierno quiere contribuir a una rápida reactivación de la economía, instando a los presidentes y presidentas a que promuevan, en el marco del Plan de Recuperación, proyectos o programas coherentes con los fines de este instrumento, y sean vertebradores del territorio.
El presidente ha hecho mención a las competencias autonómicas más vinculadas con áreas clave del Plan, como vivienda, educación, políticas sociales, políticas activas de empleo o medioambiente.
Será en estas áreas donde las comunidades podrán ejecutar directamente los proyectos y programas que presenten, una vez sean aprobados. Y, para ello, se acordarán convenios marco entre los ministerios implicados y las comunidades autónomas, "movilizando al sector privado" como está previsto, siempre en torno a unas "prioridades regionales que deben estar alineadas con las nacionales y las europeas". Según las primeras estimaciones del Gobierno, este escenario se traduce en que en torno al 50% de los proyectos del Plan de Recuperación podrían ejecutarse por las comunidades autónomas atendiendo a sus competencias.
Así, el presidente ha mencionado ámbitos como el de la rehabilitación sostenible de viviendas. A este fin se destinarán 4.350 millones de euros. En segundo lugar, las políticas e inversiones medioambientales, dotadas con 2.500 millones. En tercer lugar, las políticas de educación que contarán con una dotación de más de 7.000 millones de euros. En cuarto lugar, "la nueva economía de los cuidados", que para el Gobierno es una pieza clave en la transformación del país, en su reactivación económica y en su competitividad, basada en la igualdad de oportunidades, la inclusión y la corresponsabilidad. Un ámbito en el que habrá una inversión de 2.000 millones de euros. Y en quinto lugar, la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas, donde el presidente ha explicado que se destinarán 600 millones de euros para la digitalización en las comunidades autónomas y entidades locales. Una partida que se ejecutará a través de convocatorias específicas, que establecerá directrices comunes para presentar proyectos de digitalización de los servicios autonómicos y municipales.
Plan Justicia 2030, Rule of Law
El presidente ha informado también sobre la estrategia para el ámbito de la Justicia, en la que ha avanzado que, a través del Plan de Recuperación, el Gobierno va a impulsar un servicio público de justicia eficiente y de mayor calidad. Las medidas previstas beneficiarán a más de 14 millones de ciudadanos residentes en 5.200 municipios, a través de un conjunto de iniciativas destinadas a consolidar la justicia digital.
Esta Estrategia Rule of Law implica la creación de nuevas oficinas de Justicia en los municipios así como el desarrollo de iniciativas legales que otorguen plena seguridad" y "validez legal" a las actuaciones judiciales por videoconferencia, entre otras novedades esenciales para que el servicio público de justicia contribuya a la recuperación y el crecimiento económico.
Estado de alarma
El presidente del Gobierno también ha hecho referencia a la lucha contra la pandemia sanitaria, en un escenario marcado por la reciente declaración del estado de alarma en España, que permite que los presidentes y presidentas autonómicas puedan adoptar decisiones con plena seguridad jurídica.
En este contexto, el presidente ha reiterado su confianza en las capacidades de España como un país que cuenta con el talento y los recursos necesarios, y ha apelado nuevamente a la unidad entre administraciones para alcanzar el objetivo común de salvar vidas y reactivar la economía.
En su intervención, ofrecida por videoconferencia desde el Senado a los presidentes de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Pedro Sánchez ha estado acompañado por la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop; la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero; Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y Exteriores, Arancha González Laya.
Tres ejes para el capital humano: Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades
El refuerzo del capital humano es fundamental para que el Plan de inversiones y reformas, según dice el mismo al abordar acciones educativas, tenga el impacto deseado, tanto en la generación de actividad a corto plazo, como en el refuerzo estructural de la economía y las nuevas oportunidades laborales a medio y largo plazo. El momento requiere una actuación coordinada inmediata para abordar de forma estratégica la capacitación del conjunto de la sociedad, reorientando y aprovechando el talento y las habilidades existentes en nuestro país y generando actividad en los ámbitos de la formación y transferencia de capacidades. Para ello, de forma coordinada con los agentes económicos y sociales, se plantea abordar los siguientes proyectos que complementarán una evaluación y reforma en el sistema educativo en sus distintos niveles:
Plan nacional de capacidades digitales (digital skills) del conjunto de la población, desde la digitalización de la escuela hasta la universidad, pasando por la recualificación (upskilling y reskilling) en el trabajo, con especial atención al cierre de la brecha de género y al impulso de la formación en las zonas en declive demográfico.
Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. Modernizará y flexibilizará el sistema a través de la ampliación y el redimensionamiento de la oferta formativa, adecuándola a las necesidades de los sectores productivos y del mercado laboral. Se crearán 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional hasta 2023, se actualizarán los títulos ya existentes y se crearán otros nuevos ligados a los sectores emergentes como Big Data, inteligencia artificial, industria inteligente, desarrollo sostenible, robótica, o 3D, entre otros. Además, esta estrategia impulsará la acreditación de competencias básicas y profesionales de más de 3.000.000 de trabajadores. El fomento de la FP dual, la elaboración de oferta modular y a la carta, la conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada, la creación de aulas de emprendimiento y el impulso a proyectos de innovación en centros de Formación Profesional o el bilingüismo son otras de las líneas de actuación de la estrategia.
Modernización y digitalización del sistema educativo, con un fuerte impulso de la educación de 0 a 3 años y con medidas para avanzar hacia un modelo personalizado, inclusivo y flexible, que se adapte a las necesidades de cada estudiante y refuerce la formación del profesorado y la carrera docente, integrando nuevos modelos y técnicas educativas en la escuela de todas las poblaciones. Se trabajará en la prevención y reducción del abandono escolar prematuro y en la mejora de los resultados educativos, en particular del alumnado con más dificultades, con la inversión en programas de refuerzo educativo y de orientación escolar.Se avanzará en el uso de medios digitales mediante el Plan Educa en Digital y garantizando la conectividad de la red universitaria y la adaptación de los programas y sistemas a las nuevas tecnologías y al aprendizaje combinado a distancia- presencial mediante el Plan de digitalización de la universida
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se estructura en torno a diez políticas palanca urgentes por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y el empleo para la modernización de nuestra economía y sociedad:
(i) agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación;
(ii) infraestructuras y ecosistemas resilientes;
(iii) transición energética justa e inclusiva;
(iv) Administración para el siglo XXI;
(v) modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora;
(vi) pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema Nacional de Salud;
(vii) educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades;
(viii) nueva economía de los cuidados y políticas de empleo; (ix) impulso de la industria de la cultura y el deporte;
(x) modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo.
Esta agenda clara de acción pública proporcionará certidumbre y seguridad a los actores privados, atrayendo y movilizando inversiones alineadas con la visión del país a medio y largo plazo articulada a través de los cuatro ejes estratégicos: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial.
Las diez políticas palanca integran a su vez 30 proyectos o líneas de acción que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir a alcanzar los objetivos generales del Plan. Cada proyecto o línea de acción se centra en un reto u objetivo específico y recogerá los proyectos tractores concretos: reformas e inversiones para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el crecimiento potencial generador de empleo. Para todos ellos, se identificarán las metas e hitos intermedios, los resultados esperados y el número de beneficiarios, así como el coste estimado.
Las prioridades del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia están completamente alineadas con las siete iniciativas bandera europeas (Flagship Initiatives), recientemente presentadas por la Comisión en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021. Estas iniciativas bandera europeas son los siguientes: el apoyo a la electrificación, la integración de energías renovables y el hidrógeno renovable; la rehabilitación energética de edificios; el despliegue de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; el aumento de la cobertura 5G a las diferentes regiones; la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas; la mejora de la eficiencia energética de los procesadores y el crecimiento del Big Data y de los servicios avanzados en la nube; y la mejora de las cualificaciones profesionales, en particular de las competencias digitales y de la formación profesional.
Gracias al compromiso y la eficacia de acción por parte del Gobierno y el poder legislativo, en el momento de presentación del Plan se han cumplido ya los hitos iniciales de una parte importante de las reformas, lo que permite la puesta en marcha inmediata de los instrumentos de financiación contemplados en el Fondo de Recuperación.
El establecimiento de un procedimiento ágil y flexible para la puesta en marcha de los nuevos mecanismos comunitarios resulta fundamental para poder impulsar la recuperación económica y abordar cuanto antes el proceso de transformación del modelo productivo.
Finalmente, la dimensión temporal de este plan exige contar con mecanismos que garanticen la continuidad en el tiempo de las reformas e inversiones. Los diferentes proyectos se irán desarrollando a lo largo de los próximos años, con un impulso inicial muy fuerte en el periodo 2021-2023, pero con un objetivo que trasciende de un único mandato político. La articulación de mecanismos de diálogo y participación de los agentes sociales, de las empresas e inversores, de las administraciones públicas territoriales, y del conjunto de partidos políticos, juega un papel fundamental para garantizar que este plan de país tendrá el impacto económico perseguido y será ejecutado de forma coherente en todo el territorio.
