Uno de los temas que ha originado más debates en las últimas décadas es el de los efectos de la globalización, con preocupaciones tales como sus efectos sobre las capacidades de decidir políticas nacionalmente, las desigualdades sociales, las inestabilidades financieras o el “intercambio ecológico desigual” que muchas veces comporta que países consumidores desplazan a otros lugares los impactos ecológicos de sus estilos de vida. La pandemia ha evidenciado la fragilidad de una excesiva dependencia hacia complejas cadenas de valor internacionales, en las que la paralización de una actividad en un determinado lugar tiene efectos globales o el exceso de demanda de un producto respecto a la capacidad de producción puede producir reacciones de limitar las exportaciones. Son ejemplos que países tecnológicamente avanzados y de historia industrial textil se vean incapaces de atender la demanda de productos como las mascarillas o que las plantas automovilísticas tengan que parar su producción ante la falta de determinados componentes.
Han adquirido mayor relevancia problemas que requieren una gestión global para preservar determinados “bienes públicos globales
El artículo “Globalización después de la pandemia”, de Juan Tugores (Universidad de Barcelona), recuerda cómo, ya antes de la covid-19, había síntomas de una cierta “desglobalización”, después de la crisis financiera del 2008, y aires de “guerra comercial” entre las dos mayores economías del mundo, adoptando medidas proteccionistas. Este moderado cambio de tendencia se veía con preocupación por algunas organizaciones internacionales, pero también algunos celebraban el final de una “hiperglobalización” que habría ido demasiado lejos. Tugores señala cómo, sin embargo, han adquirido mayor relevancia problemas que requieren una gestión global para preservar determinados “bienes públicos globales”, como son la salud frente a la actual y futuras pandemias o la estabilidad climática. Para el autor, el futuro -como siempre- está abierto, y depende de las respuestas políticas que se desencadenen enfrentamientos insensatos o que domine una razonable gobernanza global de los importantes retos a los que se enfrenta la humanidad.
La respuesta a la crisis económica actual en Europa ha sido muy diferente a la de la anterior crisis financiera, en la que, tras un corto período de desconcierto, dominaron claramente las políticas de austeridad. Una consecuencia de estas políticas ha sido que en muchos países las necesidades sanitarias acrecentadas por la covid-19 se han dado en el marco de sistemas sanitarios ya fuertemente tensionados, tras años de recortes presupuestarios.
La covid-19 aparece en un contexto en el que tanto en EEUU como en la Unión Europea había adquirido ascendencia la necesidad de un Green New Deal (GND). El término ya estaba en circulación pública como mínimo en 2007 (en un artículo publicado por Thomas Friedman en el New York Times) y fue asumido por el ala más a la izquierda del Partido Demócrata de EEUU (Alexandria Ocasio-Cortez y también Bernie Sanders) y por activistas como la canadiense Noemi Klein. En esta versión, el término planteaba una política de inversión masiva en la transición ecológica y de reducción de las desigualdades sociales. Con la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump se abrió la posibilidad de avanzar decididamente en esta dirección, aunque hasta el momento el avance parece haber sido muy modesto, en gran parte por las dificultades de aceptación de los sectores más derechistas del propio Partido Demócrata.
Por lo que se refiere a Europa, el GND o Pacto Verde Europeo forma parte central de la política actual desde el nombramiento de Ursula von der Leyden como presidenta de la Comisión a finales del 2019, y se entiende básicamente como “una nueva estrategia de crecimiento”. Esta política se ha reforzado ante la crisis de la covid-19, de forma que las inversiones necesarias con apoyo público de la UE para salir de la crisis económica se plantean en el marco de la búsqueda de transiciones hacia la sostenibilidad. Ello se ha concretado en que gran parte de los fondos europeos destinados a paliar la crisis (por primera vez se ha acudido a emitir deuda a nivel comunitario para financiar estos fondos, una medida hasta ahora bloqueada totalmente) vayan destinados a las transiciones energética y digital. Se suele suponer que ambas transiciones son complementarias y que forman parte de un paquete de medidas hacia la sostenibilidad. Esto es problemático, puesto que la digitalización ciertamente tiene aspectos que son aplicables a optimizar el consumo energético, pero genera por sí misma importantes demandas energéticas para procesar la información y de materiales para producir dispositivos.
Hay enormes requerimientos de materiales ligados a las energías renovables y a las tecnologías digitales
Son los enormes requerimientos de materiales ligados a las energías renovables y a las tecnologías digitales los que se analizan en el artículo de Alicia Valero, Antonio Valero y Guiomar Calvo (Instituto Universitario de Investigación Mixto CIRCE,Universidad de Zaragoza); requerimientos que se ejemplifican figuradamente con la frase de que el coche eléctrico es “una mina con ruedas”. Los materiales de estas nuevas tecnologías son materiales críticos, escasos, muchas veces extraídos de pocos lugares y de muy difícil reciclaje, entre los que se encuentran el cobre, el litio, el cobalto y muchas “tierras raras”, de las que la mayoría de gente ni conoce sus nombres. La enorme extracción de estos materiales que podemos prever en el futuro ha generado preocupación incluso para organismos tan generalmente optimistas como la Agencia Internacional de la Energía o el Banco Mundial. Con la electrificación -y con la obtención de hidrógeno llamado “verde”-, nos encontraremos con necesidades extractivas crecientes de materiales, lo que sin duda generará muchos conflictos ambientales en lugares situados muchas veces a miles de kilómetros de los centros principales de consumo (sean conflictos en el Congo, en Chile o en Bolivia). Esta es una de las razones para plantear que el camino hacia la sostenibilidad exige no solo cambios técnicos, sino también profundos cambios en los estilos de vida.
La necesidad de cambios en todas las formas de producción y de consumo es la que Emilio Santiago Muiño ( Departamento de Antropología, CSIC) defiende en su artículo sobre el GND como “nuevo paradigma”. A la luz de la intervención masiva del Estado, prácticamente no cuestionada por las élites dominantes, puede verse el contraste entre el nuevo paradigma y el “zombie neoliberal”, pero prudentemente el autor nos recuerda que el resultado de los conflictos entre paradigmas depende de “la política”. Incluso en el estallido de la pandemia, la opción de “parar la economía” -que ahora vemos como inevitable- no estaba determinada, y políticos como Bolsonaro, Trump o Boris Johnson apuntaban a una especie de “darwinismo social”, y aún hoy hay fuertes reacciones en muchos países contra la idea de limitar las “libertades” en aras del bien común. Como argumenta el autor, y como ya se ha planteado en esta presentación, el GND es un término de moda del que hay diferentes versiones. Y hay fuertes obstáculos para que prospere la versión más transformadora del GND, entre ellos, la persistencia, también entre muchas de las izquierdas, de la idea del crecimiento económico perpetuo.
En su contribución, el Vicepresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo Ernest Urtasun describe con precisión la evolución de la política de Green Deal durante la primera mitad de la actual legislatura europea, tras las elecciones de 2019. Destaca cómo -en relación a la anterior legislatura- la ley de cambio climático y el paquete de medidas Fitfor55 supusieron un giro importante en la buena dirección, pero los calendarios de los objetivos y las medidas se consideran demasiado lentos ante el enorme reto del objetivo de no superar el grado y medio de cambio de temperatura respecto a la época preindustrial. Dada la necesidad de dejar la mayor parte de los combustibles fósiles bajo tierra, la prohibición de no dedicar ningún dinero público a apoyar estos combustibles debería ser mucho más clara. Señala también cómo hay un terreno -el de la política agraria común, al cual se dedica gran parte del presupuesto comunitario- que sigue siendo un “agujero” del Green Deal, al casi no contemplar condicionantes ambientales a los pagos por superficie. Por lo que se refiere al uso de los fondos Next Generation, hay dos principios muy interesantes: dedicar un gasto directo del 37% a acciones climáticas y que el conjunto de las inversiones respete el criterio “Do not significantly harm” respecto a los objetivos climáticos. Está por ver en qué medida se respetarán estos principios.
En el artículo se plantea que también están por ver diversas cuestiones extremadamente importantes en términos sociales y para poder mantener inversiones hacia la descarbonización. La primera es cuándo y hasta qué punto se volverán a activar las reglas fiscales de estabilidad europea ahora suspendidas. Y aquí se apuntan dos posibles reformas. Una es la de establecer condiciones específicas para cada país, teniendo en cuenta sus circunstancias, y otra es que determinadas inversiones esenciales para la transición ecológica no computen al contabilizar los límites de déficit. Además, para avanzar en una política monetaria “verde”, el Banco Central Europeo debería dejar de lado el principio de “neutralidad de mercado”, para privilegiar determinadas líneas de financiación y dejar de comprar activos ligados al carbono.
Por último, el bloque de artículos sobre el GND se completa con la contribución de Iker Etxano (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) sobre el caso vasco. En él se analiza la hoja de ruta presentada por el gobierno vasco en mayo del 2021 y se concluye, de forma crítica, que el objetivo principal de dicha hoja de ruta no es tanto la transición ecológica, sino convertir de nuevo el sector industrial en el motor de la economía vasca. A modo de ejemplo, se cuestiona la gran apuesta por el coche eléctrico y el olvido de la “excesiva movilidad”.
La crisis de la Covid es muy diferente de las crisis capitalistas anteriores, ya que se trata de una crisis generada por una decisión política de paralizar gran parte de las actividades económicas
La covid-19 ha tenido efectos globales, pero sus impactos en diferentes sociedades han dependido no solo de la intensidad con que ha golpeado la pandemia, sino también de las estructuras productivas y laborales y de las políticas aplicadas. Albert Recio ( Universidad Autónoma de Barcelona) analiza el impacto laboral en España que genera la crisis de la covid-19, una crisis muy diferente de las crisis capitalistas anteriores, ya que se trata de una crisis generada por una decisión política de paralizar gran parte de las actividades económicas, las “no esenciales”. Desde el punto de vista del empleo, la gran diferencia entre esta y anteriores crisis es que las variaciones en la población ocupada resultan ser mucho menores que las variaciones del PIB: entre el último trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020, la disminución de la ocupación (del 6,8%) fue muy inferior a la del PIB (una caída de más del 13%). Este comportamiento inusual se explica sobre todo por la principal medida que adoptó el gobierno español en el terreno laboral: los expedientes de regulación temporal de empleo, ya utilizados en Alemania en la anterior crisis y que permiten conservar el empleo y los derechos laborales mientras dura la suspensión temporal del trabajo (aunque sí suponen perder parte del salario durante este período). El artículo analiza también el impacto en el desempleo según género y por sectores, siendo los trabajadores y trabajadoras de los sectores más caracterizados por el empleo temporal -como la hostelería- los más afectados.
Una región especialmente castigada por la covid-19 ha sido América Latina, siendo Perú el país del mundo con el mayor número de muertes acumuladas registradas en relación a la población y Brasil, el de mayor peso demográfico de AL, se sitúa como décimo país en esta estadística. El artículo de Ángeles Sánchez Díez (Universidad Autónoma de Madrid, UAM) se centra en el impacto económico de la covid-19 en esta región, que en conjunto vio disminuir el PIB en términos reales en un 7%, agudizando una situación de partida ya problemática. Factores como el elevado peso del trabajo informal han hecho que la precariedad y la pobreza aumentasen de forma alarmante. Los efectos no sólo serán coyunturales, se señala, sino que en muchos casos se arrastrarán de por vida; así, en el caso de la educación, y teniendo en cuenta la gran brecha digital, el cierre de las escuelas durante más de un año en la mayoría de países tendrá profundas consecuencias en la ampliación de las desigualdades sociales de los que ahora son niños y niñas.
Una de las tendencias que la pandemia aceleró, produciéndose en unas semanas un salto que en condiciones normales hubiese requerido años, es la del aumento del teletrabajo. Este es el tema que aborda en su artículo Paula Rodríguez Modroño (Universidad Pablo de Olavide), analizando la cuestión desde la perspectiva de las desigualdades de género que esta forma de trabajo comporta. Comparando la situación a mitad del 2020 respecto a la del año 2019, en España, el teletrabajo desde casa (al menos parcialmente) habría pasado de en torno al 8-9% y de forma bastante equilibrada según género al 35% de mujeres y el 24% de hombres. No se espera que la situación vuelva a los niveles prepandémicos, sino que la fórmula híbrida de trabajo a distancia combinada con días de trabajo en las oficinas habrá ganado frecuencia de forma irreversible. En el artículo se abordan las ventajas potenciales del teletrabajo, pero también sus riesgos, especialmente para las mujeres sobre las que recae el peso fundamental del trabajo de cuidados y de reproducción social.
La principal desigualdad que ha comportado la pandemia es el muy desigual acceso a las vacunas
Desde el punto vista global, la principal desigualdad que ha comportado la pandemia es el muy desigual acceso a las vacunas, un tema que despertó debate público sobre la posible liberación de las patentes, especialmente a raíz de unas declaraciones de Joe Biden en abril-mayo de 2021, idea que fue rechazada por otros países ricos, como Alemania (donde se desarrolló la vacuna más exitosa, BioNTech/Pfizer). El tema es polémico y la vacunación en determinados países se ve también muy complicada por problemas de distribución. En cualquier caso, el hecho es que, tal como ilustra el artículo de Félix Lobo (Catedrático emérito de la Universidad Carlos III
de Madrid y Funcas), hay una gran diferencia entre los niveles de vacunación en diferentes países. Existe un agudo contraste entre los países de renta alta (aunque también Cuba), en los que la mayoría de la población está vacunada (y quienes no lo están es básicamente por un rechazo a vacunarse) y los países de menor renta, en los que (según datos de principios de diciembre de 2021) poco más del 8% de la población estaría vacunada con al menos una dosis, con casos extremos como el de Nigeria, el gigante demográfico de África, en el que la vacunación llegaba a poco más del 3% de la población. Como señala el artículo, esta baja vacunación no solo plantea un problema moral. La pandemia es un “mal público” global, y en un mundo muy interconectado, la desigual vacunación se vuelve fácilmente en contra de los países ricos, como ha pasado con la extensión rápida de la variante ómicron desde Sudáfrica a Europa.
En el artículo se presenta una amplia información sobre lo que, como apunta el propio título, es un mercado oligopolístico dominado por un “club de productores de vacunas”, un pequeño número de empresas multinacionales ubicadas principalmente en la UE y en EEUU y que concentran la producción y exportación de vacunas y sustancias y componentes necesarios para producirlas. Esta situación ha persistido durante muchos años, aunque recientemente destaca la entrada de fabricantes de países emergentes (especialmente Serum Institute, de India). Con la pandemia, es de señalar que tres de las cuatro mayores empresas en términos de cuota de mercado de vacunas no han tenido éxito en producir vacunas contra la covid-19 y en cambio pequeñas empresas innovadoras, como Moderna o BioNTech, han tenido éxito.
En el dossier se encuentra también la recensión, de Jordi Roca Jusmet, coordinador de este dossier, sobre el libro de Andreas Malm titulado en su versión en castellano El murciélago y el capital. El libro aborda una cuestión casi totalmente dejada de lado en el resto del dossier: la de las causas socioeconómicas que favorecen la aparición de zoonosis (es decir, de transmisiones de patógenos directamente o a través de otra especie intermediaria desde otros animales a los humanos). Como se argumenta en dicho libro, la multitud de zoonosis que han afectado a los humanos en las últimas décadas no es ajena a la crisis ecológica, y muy en particular a la deforestación de las zonas tropicales. Lo que hacen las políticas actuales es mitigar sus efectos (sea con confinamientos, como se hacía hace siglos en Europa, o sea con vacunas).
Como en otros dossieres, el volumen se cierra con la sección de recomendación de libros titulada “Para saber más”.
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