Gracias a las medidas contenidas en la futura norma se mejora la accesibilidad de la ciudadanía al servicio público de justicia, la eficiencia del trabajo de todos los profesionales y la optimización de los recursos.
Por una parte, se fomentará la celebración de juicios y vistas telemáticas. Durante la pandemia ya se celebraron más de un millón, con un ahorro estimado de más de 19 millones de euros en desplazamientos y 9.000 toneladas de CO2, «el equivalente a 1.382 vueltas al mundo», ha detallado la ministra.
Habrá asimismo una Carpeta Justicia, que será similar y estará conectada a la Carpeta Ciudadana, para facilitar la identificación digital segura y que cualquier persona pueda realizar trámites desde su ordenador o teléfono móvil. Para eliminar brechas generacionales, territoriales o económicas este servicio será accesible desde cualquier municipio de España a través de las oficinas judiciales municipales.
El tercer eje será la interoperabilidad de todos los sistemas y su automatización, así como el tratamiento de datos. Llop ha puesto como ejemplo el logro, ya conseguido después de muchos años pendiente, de que los siete distintos sistemas de gestión procesal que existen en el territorio sean completamente interoperables con el Tribunal Supremo.
Respecto a la automatización, la ministra se ha referido como muestra a los juicios por desahucio: la notificación que se tiene que hacer a los servicios sociales se hará de manera automática «para que no quepa ningún tipo de olvido y se proteja a las personas más vulnerables».
Pilar Llop ha agradecido las aportaciones de todos los colectivos profesionales implicados y la colaboración público-privada con empresas de innovación y de inteligencia artificial para poder llevar a cabo este importante desafío tecnológico.
La ministra también ha enfatizado que el proyecto de ley tiene en cuenta la seguridad jurídica, el marco referencial ético y de derechos humanos, la mejora de la ciberseguridad y el respeto al contenido de la Carta de Derechos Digitales aprobada el año pasado.
Modificaciones del reglamento de asistencia jurídica gratuita
El Gobierno ha modificado el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para prohibir a los letrados y procuradores del turno de oficio la defensa legal de víctimas de delitos de la misma naturaleza por los que hayan sido condenados o tengan antecedentes penales.
Así, ha señalado la ministra de Justicia, se garantiza el derecho de las víctimas de violencia de género a ser asistidas por letrados del turno de oficio especializados, tal y como demandaban las organizaciones y asociaciones de mujeres y ha recomendado el Defensor del Pueblo.
La medida se ha hecho extensiva a otras víctimas especialmente vulnerables como las de delitos de terrorismo o trata de seres humanos, menores o personas con discapacidad.
Candidatura al cargo de Fiscal General del Estado
El Ejecutivo ha recibido la renuncia al cargo de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, por motivos de salud. En la reunión del Gabinete se ha aprobado la candidatura de Álvaro García Ortiz para el puesto.
García Ortiz es actualmente fiscal jefe de la fiscalía técnica y fiscal de sala del Tribunal Supremo. La ministra de Justicia ha resaltado su dilatada trayectoria profesional y su perfil, ya que es «especialista en medioambiente y un referente nacional e internacional en la lucha contra los incendios forestales».
Por otro lado, Llop ha valorado como un ejercicio de responsabilidad por parte de Delgado su renuncia, que ella misma ha justificado por no poder desarrollar sus funciones con la entrega que el servicio público requiere.
Informe sobre los incendios de la última semana
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha transmitido su pésame a los familiares y allegados de las dos personas fallecidas como consecuencia de los incendios forestales de esta semana, un brigadista que trabajaba en extinción y un ganadero.
El Consejo de Ministros ha conocido el informe de situación, que estima en 39 los incendios producidos, 24 de ellos todavía activos, y revela que se han calcinado 20.000 hectáreas. Sumadas a las de los incendios de la ola de calor de junio y los de los primeros meses del año, suponen un total de 70.000 hectáreas afectadas en 2022, el doble de la media de la última década.
«Se trata de un verano trágico que hace que tengamos que replantearnos la respuesta que damos a los incendios», ha reflexionado Rodríguez, que ha recordado que así lo indicó ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate de estado de la nación, al proponer la reformulación de los medios disponibles y un nuevo marco regulador estatal básico del personal de prevención y extinción de incendios.
Rodríguez ha abogado por acelerar los trabajos iniciados para la elaboración de un Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres, ‘Horizonte 2035’, acordada en la Conferencia de Presidentes del pasado mes de marzo.
Campañas contra incendios y altas temperaturas
En estos días, once medios estatales colaboran con las comunidades autónomas en las tareas de extinción, en cinco de ellos está la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en nueve están medios aéreos.
La portavoz del Gobierno ha agradecido el trabajo de todos los efectivos que trabajan sobre el terreno durante la campaña estival contra los incendios forestales y también aquellos que lo hacen en otras esferas, por ejemplo, mecánicos de aeronaves, fiscales especialistas en delitos medioambientales y funcionarios de los ministerios implicados, entre ellos Interior, Defensa o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Rodríguez ha vuelto a hacer un llamamiento a la población para seguir los protocolos y actuar con prudencia, también en lo que respecta a las posibles consecuencias en la salud de las olas de calor. En este sentido, ha defendido que se revisen las condiciones de trabajo y se cumplan las medidas de prevención de riesgos laborales cuando se alcanzan estas temperaturas extremas y ha asegurado que la Inspección de Trabajo estará atenta y vigilante sobre este particular.
Planificación en la gestión del agua
El Gobierno ha aprobado también las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, que recogen las directrices y las medidas en planificación y gestión del agua para aumentar la resiliencia del país.
«Se trata de poner en el lugar que merece la protección de este bien básico, no solo para la supervivencia humana sino también la preservación de nuestro medio ambiente», ha explicado Isabel Rodríguez.
La portavoz ha destacado la paradoja actual de la simultaneidad de períodos de sequía y graves inundaciones y ha reiterado la necesidad de planificar la mejor gestión del agua posible para poder hacer frente a estos retos y para aprovechar las oportunidades, como las herramientas de digitalización, para hacer un mejor uso del recurso.
483 millones de euros para atención a la dependencia
El Ejecutivo ha acordado también la distribución entre las comunidades autónomas de 483 millones para financiar la atención de las personas en situación de dependencia. Los criterios de reparto buscan un triple objetivo: la reducción de las listas de espera, la calidad del empleo en el sector y la mejora de las prestaciones y los servicios.
Isabel Rodríguez ha subrayado que esta inversión duplica la existente y constituye la «mayor cifra histórica en la política de atención de las personas dependientes» en nuestro país.
Mejora de la prima en los seguros agrarios
El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del 43º Plan de Seguros Agrarios Combinados para elevar la subvención a la prima del seguro agrario de un 32 a un 40% como media, y hasta el 65% en el caso de jóvenes agricultores. La medida entrará en vigor el 1 de septiembre.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que esta medida de apoyo pretende incentivar la suscripción de seguros, «que es un elemento de gestión de riesgos absolutamente fundamental por parte de nuestras explotaciones alimentarias».
El año pasado, ha indicado, se abonaron 722 millones de euros como consecuencia de las indemnizaciones por los daños producidos en el sector primario por las alteraciones climáticas. En este primer semestre de 2022, la cifra ha sido ya de 514 millones de euros.
En la Unión Europea solo Austria, ha destacado el ministro, tiene un sistema de seguros agrarios similar al español, donde 400.000 pólizas aseguran una superficie de aproximadamente 6 millones de hectáreas y un elevado número de cabezas de ganado, llegando a cubrir el 100% de la producción en casos como el del plátano canario, un 70% en el caso de la fruta o un 7% en el caso del olivar.
Plan Estratégico de la PAC en España 2023-2027
El ministro ha presentado al Consejo de Ministros el informe sobre el Plan Estratégico de la Política Agraria Común en España 2023-2027, una vez que la Comisión Europea ha autorizado que se le envíe, paso previo a su aprobación formal en las próximas seis semanas.
España es uno de los cinco países que ha conseguido estar en este primer paquete de planes nacionales autorizados, junto a Francia, Polonia, Portugal y Dinamarca. Su aprobación supondrá un total anual de 7.200 millones de euros: 4.800 para ayudas directas, 1.800 para desarrollo rural y el resto para cofinanciación.
«Es una excelente noticia porque da certidumbre, seguridad y apoyo en un momento de volatilidad como el que nos encontramos actualmente», ha dicho Planas.
Algunas de las características principales de este Plan Estratégico de la PAC en España son un pago redistributivo que implica el 10% de los 4.800 millones para ayudas, el establecimiento de unos límites máximos de percepción de ayudas y medidas para la modernización y digitalización de explotaciones y el relevo generacional.
Planas ha subrayado, a este respecto, que España ha sido el primer país miembro de la UE en introducir una prima suplementaria de un 15% en el caso de la incorporación de agricultoras o de ganaderas a la actividad del sector primario, para conseguir la igualdad de género en el medio rural.
El ministro ha alabado el trabajo realizado para aprobar el documento, tanto en las negociaciones en Bruselas, como en España con la coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas: «Estoy muy satisfecho por ello, demuestra una vez más que cuando queremos podemos y se puede llegar a acuerdos políticos en nuestro país que sean importantes».
Finalmente, Planas ha hecho un reconocimiento público a la labor de los más de 200 funcionarios del Ministerio «que son una excelente demostración de los servidores públicos y del servicio público que tenemos en España».
