Agridulce es la palabra que mejor describe tanto el cierre del año 2021 como el inicio de 2022 en lo que a sostenibilidad se refiere. La parte ambiental ha venido marcada por la cumbre del clima celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre y por el Reglamento de Taxonomía verde, aprobado en diciembre y directamente aplicable en todos los Estados Miembros de la UE desde enero; hitos ambos nada exentos de polémica.
En primer lugar, hay que destacar que la COP 26 no estuvo a la altura de las expectativas sociales: se esperaba mayor ambición en los objetivos climáticos y menor nivel de voluntariedad en las medidas adoptadas. Ciertamente, seis años después del Acuerdo de París, volver a cerrar una cumbre del clima sin un compromiso vinculante e instando a cambios de comportamiento por parte de la ciudadanía (como la reducción del consumo de carne), no parece un nivel de exigencia adecuado a la situación de emergencia climática que enfrentamos.
Respecto al Reglamento de Taxonomía climática, más de lo mismo: ya generó suspicacias en diciembre, al no hacer mención alguna a la industria extractiva, pero que se haya confirmado el carácter sostenible de la energía nuclear y el gas es muy preocupante. Y lo peor no es que estas fuentes de energía se incluyan en el Reglamento “con carácter transitorio”, sino que se sigue haciendo referencia a la voluntariedad: es decir, pueden invertir o no invertir en estos sectores quienes buenamente quieran. Pero, si el objetivo de este catálogo normativo era guiar la inversión privada hacia actividades económicas ambientalmente sostenibles, ¿cuál es la ventaja de incluir aquellas que no lo son, e instarnos a hacer caso omiso de la norma? Para volver a este punto, ¿era realmente necesario un Reglamento?
El reto, por tanto, se torna oportunidad, pues seguimos teniendo la opción de diferenciarnos y respetar el medio ambiente por iniciativa propia.
Y esta misma senda es la que está recorriendo la S (los aspectos sociales): la Taxonomía Social, cuyo borrador estudia ahora mismo la Comisión Europea, plantea más retos que la ambiental, al no regirse por criterios científicos. Su dificultad estriba en que la contribución positiva a criterios sociales (creación de empleo de calidad, gestión de los Derechos Humanos en la cadena de valor, igualdad real en la organización, transparencia financiera…) no sólo no se rige por reglas técnicas, sino que tampoco guarda relación con una actividad económica en concreto. Es decir, depende de la empresa. Esto que plantea un reto tan grande a nivel regulatorio, es una muy buena oportunidad para las organizaciones comprometidas con la sociedad, ya que pueden adelantarse a la norma.
Acciones tan sencillas y, a la vez, tan ambiciosas como aplicar la perspectiva de género al plan de prevención de riesgos laborales, implementar acciones positivas en materia de diversidad, tener una política de trabajo flexible y de gestión por objetivos, o implantar un protocolo de desconexión digital (por cierto, obligatorio en España) son una oportunidad de oro para aquellas organizaciones que quieran diferenciarse, mejorar su competitividad y su reputación y, en última instancia, sobrevivir.
Por otro lado, aquellas empresas que operen a nivel internacional tienen la oportunidad de adelantarse a la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de DDHH, e implementar por iniciativa propia un protocolo que permita identificar sus riesgos, gestionarlos adecuadamente en todo momento y en cualquier tipo de relación comercial, y facilitar el acceso a remedio de las víctimas cuando no se haya podido evitar la vulneración de Derechos Humanos.
Otro reto es el de tener en cuenta la dimensión externa de la empresa: todo aquello que hacemos de puertas para adentro, ¿por qué no hacerlo también de puertas para afuera? Podemos escoger colaborar con clientes o empresas proveedoras que también sean respetuosas con el medio ambiente y cuenten con certificaciones de gestión ambiental o huella de carbono, por ejemplo. O que contribuyan positivamente a la sociedad, empezando por cuidar el bienestar de sus plantillas.
La Gobernanza, por último, no es solamente una cuestión de cumplimiento normativo. Un adecuado sistema de compliance en todas las áreas de la empresa (finanzas, medio ambiente, calidad, operaciones…) garantiza la competitividad y las mejores prácticas, algo que rápidamente percibirán todos los grupos de interés. Y un adecuado sistema de gestión de riesgos es la mejor herramienta de RSC que una empresa puede implantar: para ser socialmente responsable es necesario prevenir, detectar, y corregir. Todas las actividades de una organización implican riesgos, la clave es detectarlos y gestionarlos adecuadamente.
Así las cosas, el año 2022 arranca con importantes retos y oportunidades. Adelantarse a las normas es un reto, ya que exige un alto nivel de compromiso con la causa, así como una gran dedicación: preparación técnica, personal especializado, presupuestos… Pero también es una buena oportunidad, pues permite a las organizaciones comprometidas y ambiciosas demostrar su implicación, ganar experiencia y aprendizajes para cuando llegue la obligación y, sobre todo, diferenciarse.
La mejor ventaja competitiva no es aquélla que me diferencia de mi competencia, sino la que me permite seguir en el mercado a largo plazo. Y la responsabilidad social de una organización es cada vez menos un factor de diferenciación y cada vez más un factor de supervivencia.
