Catalá ha considerado que este es el mejor momento político para abordar una Estrategia Nacional de Justicia que exige la revisión completa de nuestro modelo de Justicia, además de la implantación de un sistema de seguimiento que permita casi en tiempo real su monitorización y control, de manera que todos los que están en el día a día de los problemas de la Justicia puedan aportar soluciones para corregirlos.
Se trataría, según ha explicado el ministro, de avanzar hacia un concepto de futuro como es el de la Justicia abierta, incluido ya en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia de 2002, pero con una nueva acepción encaminada a promover un modelo de Estado abierto, vinculado a la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la colaboración de los ciudadanos en el diseño o prestación de servicios públicos.
El ministro específico que ese proceso de apertura que conlleva la Justicia abierta ha de sustentarse en cuatro acuerdos principales. El primero de ellos es un consenso para la regeneración, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La independencia y la ejemplaridad serían los dos pivotes sobre los que se sustenta la filosofía de esta propuesta. Por tanto sería necesario mejorar la percepción de independencia del Poder Judicial a través de un blindaje del Consejo General del Poder Judicial a las interferencias políticas y la regulación de las puertas giratorias entre la Justicia y la política. Además, ha concretado Catalá, habría que cerrar espacios de impunidad a la corrupción a través de vías como la prohibición por ley del indulto a los corruptos, la reforma y limitación de los aforamientos y la regulación de los lobbies. La ejemplaridad como exigencia básica ante la corrupción devolvería, en su opinión, el prestigio a la actividad política y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Un segundo consenso básico de esta reforma comportaría necesariamente la agilidad y calidad de la Justicia. Catalá ha detallado que para alcanzar estos objetivos es preciso dotar de mayor eficiencia y especialización a nuestra planta judicial, revisar en profundidad el sistema procesal español e impulsar mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos como la mediación y el arbitraje.
El ministro ha valorado el impulso de una Justicia para las personas como tercer consenso orientado a perfeccionar nuestro modelo de protección a los colectivos más vulnerables, desde las víctimas de violencia de género a los menores, además de aprobar una Ley Orgánica de Derecho a la Defensa que nos convertiría en referente mundial en la protección de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia.
El cuarto y último buscaría, según ha explicado Catalá, la transformación tecnológica de la Justicia, de cuyo impulso definitivo depende su futuro. Las reformas emprendidas en este ámbito durante los últimos cinco años han permitido ponernos al día con uno de los grandes desafíos transformadores de nuestro modelo de Justicia.
Así, como ejemplo de estos avances ha destacado que en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia dos de cada tres juzgados ya trabajan íntegramente de forma electrónica, lo que permite que un 70% del total de los escritos se presenten electrónicamente y el tiempo de tramitación de documentos se haya reducido de 60 a 19 días.
El ministro de Justicia ha querido destacar que las comunidades autónomas con competencias en Justicia están plenamente implicadas en esta tarea, de manera que su imprescindible apoyo y colaboración ha requerido la transferencia por parte del Estado de 12 millones de euros entre 2015 y 2016 para facilitar la modernización tecnológica.
Catalá ha concluido su intervención asegurando que la reforma de la Justicia es urgente e inaplazable, exige la cooperación y el diálogo de todos para encontrar soluciones inteligentes y compartidas y este es el momento propicio para impulsar el cambio.
