Otros 720 millones de euros para consolidar la recuperación y modernización del sector turístico tras el fracaso de ayudas a pymes y autónomos

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presidió dicha reunión de la conferencia sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, en la que han participado representantes de todas las Comunidades Autónomas y ciudades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En la reunión, la vicepresidenta compartió un análisis de la coyuntura económica nacional y regional y la evolución en la ejecución de las inversiones y reformas del Plan de Recuperación. Un Plan en el que, ha subrayado, las Comunidades Autónomas tienen un importante rol en la ejecución de los fondos e identificación de los proyectos a financiar. Hasta la fecha, se han asignado más de 10.620 millones de euros a las Comunidades para la ejecución de inversiones en algunas de las políticas más relevantes como transición verde, digitalización y ciencia, protección social, educación y formación profesional, empleo, turismo sostenible y cultura.

La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha detallado a los representantes de las regiones las principales reformas para favorecer la mejora del clima de negocios, que se remitirán para su aprobación al Consejo de Ministros próximamente. La Ley «Crea y Crece», la Ley de Startups y la reforma de la Ley Concursal tienen como objetivo acompañar a las empresas a lo largo de todo su ciclo vital con el objeto de aumentar la productividad, atraer talento y crear empleo de calidad. Asimismo, ha incidido en la importancia de la Ley de Startups para que España esté entre los países más atractivos para la inversión, el emprendimiento y el talento en la nueva economía digital.

En la reunión se aprobó constituir un grupo de trabajo para intercambiar indicadores de la actividad económica de cada región. El objetivo es incorporar esta información a los indicadores de alta frecuencia que elabora el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para que todas las comunidades dispongan de la información más completa que les ayude en la toma de decisiones de política económica. Asimismo, se ha impulsado la elaboración y aprobación de un Catálogo de Buenas Prácticas en materia regulatoria, que recoja iniciativas de las diferentes administraciones para mejorar la regulación y contribuir de esta forma a la creación y crecimiento de las empresas, con una especial atención al despliegue de las inversiones del Plan de Recuperación y a los procedimientos y capacidades en el ámbito municipal.

Críticas de los autónomos por el fracaso de las ayudas a pymes

Horas antes de aquella cumbre, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, criticó la no ejecución completa del presupuesto de las ayudas, que dijo ha sido el “común denominador” en 15 de las 17 autonomías, ya que “todas devolverán más de la mitad de los fondos”. Amor recordóque ya advirtieron de que el real decreto establecía “trabas” para poder acceder los autónomos a estas ayudas, lo que ha hecho que solo Canarias y Baleares, que tenían un trato especial, las hayan agotado. ATA considera las ayudas directas un «fracaso»: sólo uno de cada cinco autónomos han podido solicitarlas. En el resto de comunidades, las peninsulares, estas ayudas no han funcionado porque los requisitos establecidos en la ley han obstaculizado su acceso. Así, según Amor, «en el mejor de los casos» sólo el 20% de los autónomos han podido solicitar estas ayudas. «Esto se debe a que había que presentar gastos y hay muchas actividades de autónomos que no han trabajado, como guías turísticos, fisioterapeutas, psicólogos… Son actividades que no tienen gastos propios de la actividad», ha indicado. Estas «trabas» para acceder a las ayudas se han dado prácticamente en todas las comunidades autónomas, ha denunciado el presidente de ATA, que «espera y desea» que el Gobierno pueda lanzar una nueva línea de ayudas para compensar gran parte de las pérdidas que ha soportado el tejido empresarial durante la crisis del Covid.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) califica de “fracaso” porque las comunidades autónomas tendrán que reintegrar 2.500 millones de euros al Estado .Estos son los cálculos realizados por la organización teniendo en cuenta la prórroga hasta el 30 de junio aprobada por el Gobierno la semana pasada para que las regiones procedan al reintegro de las mismas, un ‘fiasco’ que el presidente de UPTA, Eduardo Abad, achaca a que “ni el Ministerio de Asuntos Económicos ni las CCAA han acertado en el diseño de las ayudas”. En este sentido, Abad denuncia la “vergüenza” y el “despropósito” de la planificación del paquete de ayudas a pymes y autónomos aprobado el pasado mes de marzo, dotado con 7.000 millones de euros, que lleva a que CCAA como Andalucía hayan repartido menos del 40% de las ayudas asignadas y la mayoría entre el 60% y el 80%, un dinero que “serviría para paliar la grave situación que padecen los autónomos por la crisis de la Covid”.

El Gobierno amplió hasta final de año la concesión de las ayudas y la semana pasada amplió hasta el 30 de junio de 2022 el plazo de reintegro por parte de las Comunidades Autónomas de los fondos no ejecutados de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas. De esta forma, las CCCA dispondrán de un plazo adicional para resolver los recursos de las convocatorias ya cerradas.

Los datos de reparto del compartimento 1 del paquete de ayudas facilitados por UPTA reflejan el ritmo desigual que se ha producido en la tramitación de los 7.000 millones de euros por parte de las CCAA, con porcentajes de reparto totalmente dispares que abarcan desde un 40% en Andalucía al 100% que solo han conseguido alcanzar Islas Baleares y Canarias. 

Así va el déficit del Estado hasta octubre 

La evolución hasta octubre muestra que el déficit del Estado continúa la senda descendente iniciada a partir del mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior como consecuencia de la reactivación económica por el avance del proceso de vacunación. En concreto, el déficit del Estado en los diez primeros meses del año de 2021 se ha reducido un 7,3%.

Asimismo, el Ministerio de Hacienda y Función Pública también ha publicado hoy en su web los datos de déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de septiembre en términos de contabilidad nacional, que también ha disminuido un 34,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Hasta octubre, el Estado ha registrado un déficit equivalente al 4,48% del PIB, frente al 5,21% existente en octubre de 2020. De esta forma, el déficit se sitúa en 54.191 millones, lo que supone un descenso del 7,3% respecto a los 58.440 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. Este resultado se debe a un significativo incremento de los ingresos no financieros del 19%, frente al comportamiento de los gastos, que crecen a un menor ritmo del 11,6%.

A la hora de comparar entre ambos años hay que señalar que los datos se encuentran afectados en ambos, tanto en 2020 como en 2021, por la reversión al Estado de algunos tramos de autopistas de peaje al finalizar el periodo de concesión, cuyo mantenimiento posterior es asumido por el Estado. La reversión de 2020 y una parte de la reversión de este año no han tenido incidencia en el déficit, aunque sí han afectado al gasto y al ingreso por el mismo importe de 1.745 millones en 2020 y 985 millones en 2021.

Adicionalmente, la situación de pandemia internacional y la consecuente emergencia sanitaria que empezó en el primer trimestre de 2020 tienen también un impacto en las cuentas públicas de las Administraciones Públicas durante 2021. Un efecto provocado, no solo por la crisis sanitaria, sino también por las medidas adoptadas para proteger las rentas y el tejido productivo que se han prorrogado durante este ejercicio.

Los recursos no financieros se sitúan en 177.021 millones, lo que supone un 19% más respecto al mismo periodo de 2020. Los impuestos alcanzan los 149.142 millones y crecen un 20,9% respecto a octubre de 2020.

Los impuestos sobre la producción y las importaciones aumentan un 15,8%, de los cuales los ingresos por IVA se elevan un 17,3% y el Impuesto sobre Primas de Seguro aumenta un 32,6%. Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio crecen un 28,5% debido al IRPF, que se incrementa un 28,2%. También a la mejora del Impuesto sobre Sociedades, que se eleva un 30,1%, de manera que el segundo pago fraccionado de 2021 alcanza los 12.693 millones, cifra superior a la de 2020 en un 69,6%. Por su parte, los impuestos sobre el capital crecen un 135,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Los ingresos de las cotizaciones sociales descienden ligeramente un 1,5%.

Las rentas de la propiedad disminuyen un 4,9% respecto a 2020 como consecuencia del descenso del 15,1% de los ingresos por intereses. No obstante, se produce un incremento de los dividendos y otras rentas en un 6,4% debido, principalmente, al mayor dividendo recibido de Loterías y Apuestas del Estado, con 590 millones frente a 420 millones en 2020.

Los ingresos procedentes de la venta de bienes y servicios crecen un 44,3% hasta los 1.488 millones.

Los otros recursos no financieros aumentan un 15,8%. Esta evolución, además de estar afectada por la reversión de las autopistas mencionada anteriormente, se debe, en parte, a 1.112 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) sin efecto en el déficit al tener su contrapartida en los gastos de carácter finalista por el mismo importe, cumpliéndose así con el principio de neutralidad.

Hasta octubre, los empleos no financieros del Estado se han situado en 231.212 millones, cifra superior en un 11,6% a la registrada en los diez primeros meses de 2020.

La partida de mayor volumen son las transferencias entre administraciones públicas, que ascienden a finales de octubre a 149.623 millones, un 13,4% más que en el mismo periodo de 2020. Destacan las transferencias corrientes a las Comunidades Autónomas, que se han incrementado un 15,4% hasta alcanzar los 92.583 millones. Un aumento debido, en gran parte, al mayor volumen de recursos transferidos para hacer frente a la pandemia.

Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han recibido un 10,4% más de recursos que en 2020. Cabe resaltar el aumento en un 52,6% de las dotaciones para la Dependencia, que ascendieron a 1.776 millones. También los mayores fondos empleados en la financiación del Ingreso Mínimo Vital, con 2.514 millones frente a 432 millones en 2020, así como los 2.506 millones destinados a la financiación de la prestación contributiva de nacimiento y cuidado del menor.

El importe de los gastos del Estado relacionados con la pandemia ha sido de 22.006 millones, de los cuales 20.822 millones son transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

La remuneración de asalariados crece un 4,5%. Esta rúbrica, que alcanza los 15.876 millones, incorpora la subida salarial para este ejercicio del 0,9% frente a un incremento salarial del 2% en 2020.

Los consumos intermedios han ascendido a 4.812 millones, un 29,5% más de gasto que en el mismo periodo de 2020 debido a la adquisición de vacunas por importe de 1.142 millones, sin correspondencia en 2020.

Por su parte, los intereses devengados crecen un 2,5% hasta situarse en 18.969 millones. Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales aumentan un 3,4%, con un porcentaje de revalorización de las pensiones de Clases Pasivas para el ejercicio 2021 del 0,9% con carácter general, el mismo que en el año anterior.

Por último, destaca la formación bruta de capital fijo, que aumenta un 4,1% en 2021 hasta los 5.699 millones, de manera que esta cifra incluye los importes correspondientes a la reversión al Estado de algunos tramos de autopistas de peaje al finalizar el periodo de concesión, cuyo mantenimiento posterior es asumido por el Estado.

Hasta septiembre de 2021, el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas, excluida la ayuda financiera, se sitúa en 51.147 millones, equivalente al 4,23% del PIB. Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit se mantiene en el 4,23% del PIB.

El déficit de la Administración Central se sitúa en 53.332 millones a finales de septiembre de 2021, el 4,41% del PIB.

• El déficit del Estado en septiembre en términos de PIB equivale también al 4,41%, alcanzando la cifra de 53.350 millones, un 6,7% inferior al registrado en septiembre de 2020.
• Los Organismos de la Administración Central registran hasta septiembre de 2021 un superávit de 18 millones.

La Administración regional registra un superávit hasta septiembre de 2021 de 9.238 millones, lo que equivale al 0,76% del PIB. Este resultado obedece a un incremento de los gastos del 6,7%, frente a los ingresos que crecen a un 11,8%.

Entre los ingresos cabe mencionar los impuestos sobre la producción y las importaciones, que aumentan un 39,4% alcanzando la cifra de 11.990 millones, destacando el crecimiento de ITP y AJD en un 53,2%.

También aumentan los ingresos por impuestos sobre el capital en un 76,6% hasta alcanzar los 2.411 millones. Por su parte, los ingresos por impuestos sobre la renta y patrimonio caen un 3,2% hasta los 40.642 millones.

Las transferencias entre AAPP crecen un 13,6% hasta los 94.488 millones. Las transferencias recibidas del Estado representan el 50,9% de los recursos del subsector. En el mes de septiembre la Administración Central ha transferido 9.426 millones, el 70% de la partida recogida en la Ley de PGE para 2021, por importe de 13.486 millones, destinada a dotar de mayor financiación a las comunidades para la cobertura de los servicios públicos fundamentales.

Los ingresos obtenidos del resto de recursos se sitúan en 13.986 millones de euros, creciendo un 26,8%, debido, principalmente, al aumento de los fondos FEDER, FEADER y FSE.

Entre los gastos, la remuneración de asalariados crece un 6,9% debido, entre otras razones, al mayor número de efectivos en educación y sanidad. Los consumos intermedios crecen un 1,7% hasta los 24.566 millones, de los cuales 15.533 millones corresponden al ámbito sanitario.

Las subvenciones aumentan un 20,4% hasta los 2.652 millones por el incremento de las ayudas al transporte, lo que se compensa con el descenso de los intereses, que disminuyen un 15,5% hasta 2.237 millones.

Las transferencias sociales en especie se elevan en un 4,2% hasta los 22.860 millones debido al mayor gasto en conciertos sanitarios y educativos y al incremento del gasto en farmacia. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie aumentan un 6,4%. Por último, la inversión crece un 11,8% respecto a 2020, alcanzando los 10.507 millones.

De acuerdo con la información transmitida por las Comunidades Autónomas, 5.222 millones corresponden hasta septiembre a gasto socio-sanitario derivado de la COVID-19.

Los Fondos de la Seguridad Social hasta septiembre de 2021 registran un déficit de 7.053 millones, lo que supone un descenso del 67,1% respecto a los 21.410 millones del mismo periodo de 2020. En términos de PIB el déficit de la Seguridad Social se sitúa en el 0,58%, frente al 1,91% del mismo periodo del año anterior. Este mejor comportamiento es consecuencia de un crecimiento de los ingresos del 4,8% (destaca el buen comportamiento de las cotizaciones con un crecimiento del 4,5%) frente al descenso registrado en los gastos de un 4,7%.

Las operaciones del subsector Fondos de la Seguridad Social siguen afectadas por la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia de la COVID-19 y las numerosas medidas adoptadas para paliar sus efectos. No obstante, la favorable evolución alcanzada con la recuperación de la actividad y, sobre todo, desde que se inició el proceso de vacunación, ha motivado una reducción del impacto económico de la pandemia en las operaciones de este subsector.

Las medidas más significativas se aprobaron en marzo de 2020 y se encuentran actualmente vigentes afectando a los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con el establecimiento de una prestación por el cese de su actividad o la reducción de su facturación. También afectan a los trabajadores por cuenta ajena, a los que en caso de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES) se les reconoce la prestación contributiva por desempleo; en ambos casos se establece la exoneración de las cotizaciones sociales (cuotas mensuales de autónomos, aportación empresarial en el caso de empresas y cuotas por conceptos de recaudación conjunta en el caso de los trabajadores por cuenta ajena).

Estas medidas se han ido complementando con nuevas ayudas como las que posibilitan el cobro de la prestación por cese de actividad junto con el desempeño del trabajo por cuenta propia, la prestación especial para los trabajadores de temporada o la prestación extraordinaria por paralización o suspensión temporal obligatoria de la actividad. Asimismo, han ido apareciendo distintas modalidades de ERTE, de modo que el RD 30/2020, de 1 de octubre, incorpora el ERTE de impedimento, el de limitación o los que afectan a sectores ultraprotegidos y su cadena de valor.

El Sistema de Seguridad Social registra hasta septiembre de 2021 un déficit de 5.278 millones, inferior en un 32% al registrado en el mismo periodo del año anterior. Los recursos han ascendido a 123.360 millones, registrándose un crecimiento del 4,2% de las cotizaciones sociales. En el mes de septiembre el número de afiliaciones en el Sistema registra un incremento respecto a septiembre de 2020 del 3,5%. Por su parte, en lo que respecta al gasto, que se totaliza en 128.638 millones, se corresponde en gran medida con el gasto en pensiones, que crece en un 3,1%.

Al igual que en meses anteriores destacan los datos relativos al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que registra un déficit de 1.836 millones, inferior en un 86,7% al del año anterior. Este comportamiento se debe, en gran medida, al descenso del conjunto de prestaciones por desempleo vinculadas a los ERTES y otras medidas COVID que alcanzan los 4.704 millones, mientras que en 2020 el gasto se elevó en este periodo a los 11.968 millones. El resto de las prestaciones de desempleo se reduce en un 7,6% respecto al año anterior. El número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo a finales de septiembre se ha reducido un 27,8% respecto a 2020.

El FOGASA presenta un superávit de 61 millones, frente a los 107 millones registrados en el mismo periodo de 2020.