Comisiones Obreras, el sindicato que denunció la práctica, ha advertido este lunes de que el fraude laboral puede ser mayor: la inspección investiga otros 20 casos similares en cinco consejerías del Gobierno de coalición que preside Ximo Puig, del PSOE, y del que forman parte también Compromís y Podemos: Sanidad, Hacienda, Igualdad, Justicia y Economía.
A la espera de recibir la resolución, el Ejecutivo ha defendido que "respeta de forma escrupulosa los derechos" de sus becarios, cuyas tareas, afirma, "están estrictamente enmarcadas en el ámbito de la formación". "En todo caso, y sin perjuicio de las alegaciones que puedan presentarse, la Generalitat está dispuesta a analizar las conclusiones de la Inspección de Trabajo y, de hecho, realizará los ajustes necesarios para mejorar aspectos relacionados, por ejemplo, con la evaluación del proceso formativo", ha añadido un portavoz de Presidencia.
La utilización de falsos becarios en la Generalitat se remonta a la etapa de Gobierno del PP, han afirmado las responsables de Formación y Empleo, Ana García, y Acción Sindical, Soledad Fernández, de Comisiones Obreras del País Valenciano, que han atribuido la persistencia de la práctica a los recortes presupuestarios y a la normativa de ámbito estatal que restringe la convocatoria de ofertas públicas de empleo, limita el relevo de los funcionarios que se jubilan e impide aumentar la masa salarial.
La decisión de la inspección, contra la que cabe recurso, obliga a la Generalitat a ingresar en la Seguridad Social las cuotas que dejó de abonar desde el inicio de las becas. Una cantidad que, según los cálculos de CC OO, asciende a 84.000 euros.
Los becarios tienen un menor coste económico, pero carecían de plan de formación, uno de os aspectos del fraude
La inspección menciona 36 elementos para concluir que Presidencia de la Generalitat recurrió a becas de formación para proveer "verdaderos puestos de trabajo que deberían haber sido cubiertos mediante fórmulas de contratación laboral o funcionarial". Y que lo hizo porque los becarios tienen "un menor coste económico".
Los becarios de Presidencia no tenían un programa de formación —los afectados aseguraron desconocerlo y la Generalitat no lo ha aportado al expediente—, "sin que por lo demás existan informes de seguimiento periódicos del aprendizaje y evaluaciones continuas", señala el organismo del Ministerio de Trabajo.
La inspección ha tramitado el alta en la Seguridad Social como trabajadores de los 29 becarios de Presidencia, que estaban asignados a las áreas audiovisual, de publicidad e imagen institucional, planificación y análisis informativo, prensa y redes. En este último caso, todos los trabajadores del servicio eran becarios, ha destacado Comisiones.
Un caso similar se planteó en 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid, sancionada con una multa de 300.000 euros por utilizar más de 400 becarios externos internamente para sustituir a trabajadores sin darles formación, escándalo que sigue abierto tras ser condenada la Universidad de Málaga por despedir a tres profesores temporales con 35 años de antigüedad "en fraude de ley" para cubrir una necesidad "estructural". Esta Universidad fue absuelta tras la contratación de un bufete externo por casi 100.000 euros pese a tener una prestigiona Facultad de Derecho, si bien Seguridad Social y becarios que fueron envueltos en la misma demansa recurrieron la sentencia. El rector de la UAM, el malagueño Rafael Garesse, antes vicerrector y presidente de la Fundación de la UAM, no ha abierto entre sus responsables ningún expediente administrativo, aunque en el miso año 2007 intentó desviar la atención expedientando por supuesto uso de becas irregulares a dos profesores universitarios, aunque los tribunales han anulado finalmente la sanción.
Ante casos similares en otras universidades y falsos autónomos en diversos sectores privados y públicos, por los que el Gobierno de Sánchez anunció dos planes de la inspección contra la temporalidad fraudulenta sin comentar escándalos, aun cuando no había finalizado el Plan 2018-2020 de Inspección de Trabajo anunciado a su vez por el Gobierno de Rajopy tras aflorar 519.056 empleos irregulares
Por ello y por la extensión de ERTEs durante la pandemia de COVID, la Educación ha sido el sector más afectado por los ERTEs prorrogados este verano, tras hostelería y comercio. Aunque la Inspección intensificó la busca de fraude en los ERTE con una campaña sobre la protección, en la actualidad ella misma registra sobreproducción entre inspectores de Trabajo y polémica por la externalización en Seguridad Social.
EL problema es que "Inspección tiene pocos recursos y los abusos en becas, falsos autónomos etc están muy extendidos", como denunciaba en Ibercampus.es uno de los investigadores (Pablo Sanz de Miguel) contratados por Eurofound (2017) para revisar contratos fraudulentos de becarios en Austria,Finlandia, España y Reino Unido. Y es que hay 12 modalidades de prácticas, si se incluyen las no laborales y las laborales. En este contexto, la organización juvenil de UGT, RUGE, denunció hace un año a 16 empresas ante la Inspección de Trabajo por "fraude en la contratación de becarios", denuncia que denuncia incluye a agencias de colocación y portales de empleo, especialmente sobre El Mundo del Becario.
