Becarios UAM y Seguridad Social recurrirán con apoyo estudiantil el fallo sobre el fraude laboral

Tras el comunicado emitido en este sentido por el Consejo de Estudiantes de la UAM sobre la sentencia de las prácticas extracurriculares de la Oficina de Prácticas Externas de la UAM, indicando que no son ciertos algunos hechos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la sentencia,  la Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) declaró "todo nuestro apoyo al estudiantado de la @UAM_Madrid afectado por el mal uso de las prácticas académicas", pues dice que "no se puede tolerar que se utilice al estudiantado en formación para cubrir puestos estructurales".

En efecto, la Inspección de Trabajo denunció a la UAM en 2017 tras denuncias sindicales por fraude laboral y le impuso una sanción de 300.000 euros, al entender que se utilizaban becas de prácticas externas para cubrir necesidades internas y sustituir a personal de administración y servicios (PAS) de la UAM, todo ello sin recibir los estudiantes formación durante esas prácticas. La sentencia del juzgado social número 7 de Madrid absolvió a la UAM al descartar el pasado viernes esos hechos y la sanción. Pero ahora el Consejo de Estudiantes de la UAM y la Coordinadora de Estudiantes de Universidades Públicas desmienten hechos y razones esgrimidos por el fallo judicial, registrado después de que el la UAM, que tiene abogados de plantilla y una Facultad de Derecho, contrató por unos 90.000 euros para defenderse al despacho Sagardoy, tras eludir responsabilidades el Rectorado, pues tales irregularidades no fueron investigadas mientras sí abrió expediente a dos profesores ajenos al caso y por hechos no probados.

Los estudiantes afectados, que realizaron una huelga total contra tales irregularidades a finales de 2017 y ahora reciben la solidaridad del Consejo de Estudiantes y de la CREUP, han anunciado que recurrirán la sentencia del juzgado número 7 de lo social. La Seguridad Social también, porque está obligada a ello, a menos que considere con total claridad que no tiene fundamento, según fuentes de la decena de abogados de los becarios, codemandados junto con la UAM por el juzgado de lo social .

Fuentes conocedorsa del proceso comentaron que "es sorprendente que la juez haya tardado tres días en analizar miles de documentos". También  expresaron su profundo desacuerdo con el fallo y su extrañeza ante hechos y fundamentos jurídicos al saber que, casi al mismo tiempo, la Universidad Carlos III ha sido condenada por utilizar a una becaria para cubrir un puesto de trabajo. Según la Cadena Ser, Gloria, la denunciante, decidió en el 2016 optar por una "beca de colaboración" de las que ofrecía la Universidad, sin embargo, el trabajo que realizaba era el mismo que sus compañeros funcionarios contratados. Ahora una jueza ha ordenado a la Universidad que sea ingresada de nuevo como trabajadora y no como becaria. La sentencia declara la nulidad del despido y ordena su readmisión como trabajadora con el salario que le corresponde.

Además de su más que probable continuación en otras instancias judiciales, el caso de la UAM ya ha tenido consecuencias en otras universidades. Tras la inspección a la Autónoma de Madrid, el Ministerio realizó una campaña en las universidades para controlar el uso que se hacía de la figura del becario, aunque por el momento no ha habido más denuncias. La Inspección de Trabajo inició aún con el Gobierno del PP su Plan 2018-2020 tras aflorar 519.056 empleos irregulares como en UAM. Posteriormente, la ministra socialista Valerio ha presentado la Inspección laboral comoinstrumento de justicia social y de lucha contra la precariedad. Pero como reconocen los expertos internacionales en España  la Inspección tiene pocos recursos y los abusos en becas, falsos autónomos etc están muy extendidos"

Aún así, según el diario.es, el Ministerio de Trabajo averigua el alcance de la utilización de estudiantes en los campus universitarios para realizar tareas del personal de administración. Las universidades Pompeu Fabra y la Politècnica de Catalunya acaban de ser investigadas dentro de una campaña que empezó antes de 2018. La inspección asegura que el uso de becarios para tareas de empleado no es más alto en las facultades que en otros sectores, pero sigue habiendo denuncias.

1. La sentencia expone que los y las estudiantes en prácticas no cubrían puestos de trabajo pues, tras el paro de estos, los servicios universitarios no se vieron afectados. Esto no es cierto, puesto que algunos de estos servicios se han visto obligados a cesar su actividad. Además, en otras oficinas el horario de atención se ha reducido junto con ciertos servicios que prestaban. En consecuencia, hay consejos de estudiantes de centro que se han visto obligados a asumir algunas de sus labores. Esta disminución de los servicios prestados ha repercutido, innegablemente, de forma negativa en los y las estudiantes que cada día pasan por los campus.La UAM, queriendo negar este problema, tardó bastante en poner soluciones, e incluso a día de hoy sigue habiendo carencias en diferentes servicios.
2. Esta sentencia, también, esgrime que las prácticas extracurriculares “se adaptan plenamente a la normativa que las regula, precisamente por estar totalmente desvinculadas de su formación académica, puesto que no forman parte del plan de estudios”. Sin embargo, el Real Decreto 592/2014 refleja que las prácticas extracurriculares tienen los mismos fines que las curriculares, entre los que se encuentra “facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos”.
3. La UAM se alegra de que el fallo judicial le de la razón, en contra de los intereses del estudiantado y del personal de administración y servicios. Una institución pública como es una universidad debería defender unos valores sociales y será el ejemplo de ellos. Por mucho que con tretas legales la sentencia (no definitiva) De la razón a la Want, la universidad está dejando de lado la moralidad y la obligación que tiene de velar por los intereses del estudiantado.