Asistimos impávidos, un día tras otro, en especial en horario prime time, a lo que los medios de comunicación nos tienen preparado sobre las reformas, recortes, medidas o políticas que se aproximan y que son vendidas por el gobierno de la nación, o por el gobierno del gobierno de la nación (Bruselas), como necesarias, imprescindibles y razonables. Para ello, se justifica que son necesarias para la estabilidad económica del país y para su sostenibilidad financiera: pagar lo se debe a fin de contentar a los “mercados”, y entre ellos, a la representante del sector bancario alemán.
Hasta febrero, el gobierno central ha dictado 28 Reales Decretos Leyes frente a 16 Leyes ordinarias, con sus correspondientes decretos y reglamentos. Todos ellos, con la misma argumentación, España necesitaba reformas.
Gobernar a golpe de decreto-ley es la forma más clara de hacer patente la indivisión entre los poderes del Estado, y, por tanto, la intromisión más abrupta del ejecutivo en la labor que debe hacer el parlamento, que es confeccionar y aprobar las leyes. La partitocracia imperante en España impide que se pueda hablar de un sistema democrático formal, encontrando un ejecutivo que, mediante actos legislativos excepcionales, y como consecuencia de una mayoría absoluta conseguida mediante un sistema electoral deformado por la proporcionalidad, acuerda, elabora, legisla, ejecuta y desarrolla unitariamente lo que considera oportuno.
Si esta es la consecuencia de nuestro sistema político, no es de estrañar que nos encontremos con reformas lesgislativas, que se llevan a cabo de forma autocrática, Me refiero a la que está en marcha y que planea caer como una bomba sobre el sector local.
El último anteproyecto de Ley nos ofrece un panorama absurdo si nos atenemos a la realidad de nuestra Administración Local. Tras su lectura, lo primero que se me viene a la cabeza es que la norma se dicta porque el sector local es irracional e insostenible, pero ni lo uno ni lo otro.
Sobre la irracionalidad que se prentende corregir, entendida aquella como desordenada, desorganizada y duplicada, es necesario tener en cuenta que si esto es así, el crecimiento desmesurado e inncesario de la administración pública dentro de la cual se encuentra el sector local, no es más que un efecto de la megalomanía y del clientelismo partidista de nuestros gestores políticos. El crecimiento irracional del sector público viene de la mano del irracional crecimiento economico crediticio de los últimos años, consecuencia de la irracional actuación del gestor político.
El deficit público no es un problema de los municios. Supone el 3% del déficit total, alcanza un gasto público inferior al 20%, da empleo a mas de 600.000 personas y presta los servicios mas básicos y directos a la población.
El problema es otro: el 70% de los munipios de España tiene menos de mil habitantes y carece de los medios necesarios para llevar a cabo de forma correcta sus servicios. La solución es determinar un sistema de financiacion local fuerte y sólido, por una mayor participación de las entidades locales en los tributos del Estado,y por no asumir más servicios o competencias de las que les correspondan.
Nuestro Estado, si miramos la historia que nos precede, es municipal y provincial, mientras que las Comunidades Autónomas aparecen con la Constitución del 78, desplazando al sector local.
Volviendo a la reforma local que se aproxima, la norma referida según su exposición de motivos, pretende implantar el principio de una administración una competencia y acabar con duplicidades innecesarias dentro del marco de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y, eso ¿cómo lo hará ? Pues, la respuesta es facil, NO lo hará. La norma nacerá inaplicable por imposibilidad técnica. La Ley solo provocará un efecto: laminar la autonomía local, pasando de la actual descentralización administrativa a la concetración jerarquica vertical.
La lectura de la norma exige hacerse preguntas ¿cómo se va a llevar a cabo la reestructuración de los municios incumplidores : ¿Si la Diputación no cumple con los estandares de calidad después de haber hecho el traspaso? ¿Quién seguirá financiando los servicios una vez traspasados? ¿Qué es lo que se traspasa el servicio o la competencia ? La norma lo complica aún más pues, después de utilizar ambos terminos como sinónimos (competencia-servicio), prevé que las Ordenanzas fiscales para financiar estos servicios sean aprobadas por el Municio intervenido, pero en cambio la gestion, y recaudación lo hará la administración interviniente: un ejemplo de simplificación administrativa en toda regla.
Según el Ministerio de Administraciones Públicas, la norma mediante la agrupación de servicios conseguirá importantes ahorros de costes a través de una economía de escala. Pero una economía de escala sucede cuando una empresa aumenta sus medios de producción y logra aumentar su producción en cifras superiores al aumento en los recursos. Se trata de un proceso al que buscan llegar todas las empresas y suele suceder conforme las empresas van creciendo.
En una economía de escala eficiente no se reducen los salarios, sino que se mejora el sistema de producción. El objetivo es adquirir reducción en los precios de los bienes de producción. Conforme una empresa es más grande, su poder adquisitivo aumenta y entonces puede comprar a mayores obteniendo menores costos.
Si lo que se pretende es racionalizar y simplificar, – reducir y recortar-, ¿cómo se va a llevar a cabo una reducción de costes mediante una economía de escala si esta se aplica a empresas de grandes dimensiones, con una gran especialización de mano de obra y con grandes de medios tecnológicos? Esto lo que demuestra es que, los únicos parametros contemplados para el ahorro, son la supresiòn de los sueldos de los alcaldes en municipios inferior a 1000 habitantes y de pedanías y mancomunidades.
Esta norma, junto con otras que ya se han dictado, me hacen recordar a Tomás-Ramón Fernández. Como dice el autor, el tema es capital para una doctrina que ya habla abiertamente del uso “incontinente, desordenado, oportunista, propagandístico o simplemente banal del poder legislativo” con la inevitable “desvalorización y… descrédito de la Ley”.
No es sólo un problema de la agobiante “inflación legislativa” o de la creciente complejidad resultado de superponerse varios legisladores, nacionales y supranacionales, en una misma materia. Es “la proliferación desordenada de leyes oportunistas cuando no banales, fugaces por coyunturales, claramente partidistas en muchas ocasiones… e incomprensibles en otras”. Las leyes se vuelven entonces tan inestables como impredecibles, dificultando en extremo la planificación de cualquier actividad.
No se pueden dictar leyes a golpe de coyuntura partidista y política. El sector local necesita reformas, sin duda, pero no pasan por aprovechar la situación de shock social, para conseguir una vuelta a la centralización política y al control supraadministrativo, incompatible con un mínino de conciencia moderna de autonomía local que impera en la mayoría de los paises europeos, y que fue aceptada por España tras la firma de la Carta Europea de Autonomía Local. Con esta ley no se hace mas que volver a la España de blanco y negro.
Ahora le ha tocado a lo local, a ver que es lo próximo.
